Sequías, lluvias, huracanes, tormentas, terremotos.  Costa Rica se ubica en una región de alta vulnerabilidad climática por lo cual la prevención, atención y resiliencia al cambio climático fueron una prioridad para articular y hacer trabajo conjunto para atender familias, comunidades, sectores productivos y recuperar infraestructura. Se atendió:

Lluvias en el Caribe. En junio de 2015 se enfrentaron inundaciones y deslizamientos por temporal y paso de sistema de baja presión con afectaciones en Limón, Sarapiquí y Turrialba que afectaron a 11.700 personas de 322 comunidades afectadas en 8 cantones. Se emitió un Plan General de Atención por Ȼ75 mil millones para recuperación de infraestructura vial, puentes, acueductos, centros educativos, viviendas, drenajes, atención de familias en albergues e insumos para productores.

La peor sequía en 78 años. Con impactos en comunidades de Guanacaste, Puntarenas y Alajuela como efecto del fenómeno El Niño.  La atención inmediata para que las familias no cayeran en la pobreza o la pobreza extrema dada su vinculación con las actividades agrícolas y ganadera, mediante un decreto de emergencia por Ȼ15 mil millones y atender los impactos en 11 cantones de Guanacaste y el Pacífico Central con planes de inversiones para atender a más de 5 mil ganaderos, 1.500 agricultores, programas de entrega de agua a las comunidades y obras de infraestructura para mitigar los efectos del polvo.

Ante la mayor sequía en Guanacaste en los últimos años, el Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (PIAAG) ejecutó acciones, con más de 52 proyectos de gestión y desarrollo de infraestructura y más de ₡453 mil millones ejecutados en toda la provincia

Erupciones volcánicas. Con emanaciones de ceniza de los volcanes Poás y Turrialba con afectaciones en la salud de las personas, comunidades cercanas, daños en los sectores ganaderos y producción de alimentos e incluso afectación a la actividad turística por el cierre de las operaciones aeroportuarias. Se realizaron varios planes de inversión para recuperación de vías de acceso, acueductos, insumos para productores de legumbres, verduras, ganaderos y construcción de invernaderos.

Huracán Otto. La noche del 23 de noviembre del 2016, el huracán Otto azotó el país provocando la lamentable muerte de 10 personas y daños por más de ¢106 mil millones. Afectó principalmente Upala y Bagaces, además de Guatuso, San Carlos, Pococí, Río Cuarto, Sarapiquí, Osa, Golfito, Corredores, La Cruz. Se declaró alerta en 16 cantones y se registró daños en infraestructura vial por ₡734 millones, 23 comunidades aisladas, 412 poblados con afectación, 1.598 viviendas dañadas. Se atención a más de 6.500 personas en 52 albergues.

El 1 de marzo del 2017 se aprobó el Plan General de la Emergencia que estructuró 954 proyectos, y de esos, 69 se establecieron como prioritarios. Como parte de estas obras urgentes se construyeron 18 puentes, se repararon más de 150 kilómetros de caminos, más de 1500 metros de aceras elevadas y se limpiaron y canalizaron más de 65 kilómetros de ríos y quebradas de los cantones más afectados.

Estos trabajos los realizó el ICE como parte de un convenio de colaboración con la CNE, el MOPT y las Municipalidades y representaron una inversión de ₡20 mil millones provenientes del Fondo Nacional de Emergencias. Se avanzó en la reconstrucción de 11 acueductos comunales dañados por el huracán Otto, ubicados en Upala y La Cruz. Los otros 13 proyectos requieren obras más complejas como pasos elevados, licitaciones de estudios básicos, diseños y construcción, por lo que según el cronograma de trabajo se ejecutarán entre el 2018 y 2019. Estos 24 acueductos se finaron con la cooperación no reembolsable de $10 millones (más de ¢5.500 millones) que recibió Costa Rica como uno de los resultados del viaje oficial y gira de trabajo del presidente Luis Guillermo Solís Rivera a los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

La atención temprana de la emergencia, antes del paso del huracán, también fue clave, así como el seguimiento que se dio a las labores de reconstrucción, con un Comisionado Presidencial, a cargo de Mariano Figueres, y delegados presidenciales por territorios.

Tormenta tropical Nate. Representó un evento climático más extremo, ya que se concentraron dos días las lluvias que cobraron la vida de 14 personas. Por primera vez en la historia, los promedios de lluvias superaron los 200 mm en cuatro regiones del país. Se abrieron 178 albergues, a los que se trasladaron 11.361 personas. Más de 500 mil personas se quedaron sin servicio de agua potable y 100 mil sin electricidad, se reportaron 516 sitios con daños en infraestructura vial y 14 mil hectáreas productivas fueron afectadas. La primera atención humanitaria fue por más de Ȼ700 millones con recursos de CNE e IMAS. Los daños de Nate fueron calculados en $385 millones.

Oleadas migratorias. Por primera vez Costa Rica tuvo que atender flujos oleadas migratorios a gran escala, tanto de personas cubanos como habitianas y extracontinentales cuyo como común denominador era la escalada hacia los Estados Unidos. Más de 26.000 personas en condición migratoria irregular hicieron ingreso al territorio nacional por la frontera sur en Paso Canoas, de ellos 8.000 eran cubanos, quienes en su mayoría entraron al país entre noviembre de 2015 y febrero de 2016; a partir del segundo semestre de 2016 se intensificó el flujo de extracontinentales y haitianos, de los que se registraron un total de 18.246 personas. Fue también común denominador de estas oleadas migratorias quedarse atrapados en el país a causa de un cierre de la frontera por parte de las autoridades nicaragüenses, lo que impidió continuar el paso hacia su destino.

El esfuerzo diplomático del Estado costarricense para promover un tránsito seguro de las personas migrantes por la región centroamericana, y el trabajo interinstitucional para brindar una atención humanitaria, recibió el reconocimiento de la comunidad internacional y organismos de derechos humanos.

Atención migratoria defendiendo los derechos humanos. Fiel a la tradición costarricense de defensa de los derechos humanos, el Gobierno decidió abrir 44 albergues en todo el territorio nacional para la atención básica humanitaria de la población migratoria cubana, que incluía una atención integral en temas de higiene y salud, alimentación, techo, abrigo, seguridad y recreo, así como apoyo a las familias con niños y a las mujeres embarazadas. Esta jornada concluyó de forma exitosa en febrero de 2016. Con la llegada de la segunda oleada masiva de migrantes provenientes de África, Haití y otros países del mundo, las autoridades gubernamentales gestionaron la apertura de los Centros de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), situados en Kilómetro 20 de Golfito y en Buenos Aires de Puntarenas, en el sur; y en El Jobo y La Cruz de Guanacaste, en el norte. En estos sitios los migrantes recibieron servicios muy similares a los ofrecidos a los cubanos.

En la actualidad, se mantienen activos los CATEM de La Cruz, en zona Norte y Kilómetro 20, en el Sur, donde se sigue garantizando la atención y protección de aproximadamente 100 personas migrantes diariamente, el cual por sus propias características requiere acciones diferenciadas y concretas

Articulación y trabajo conjunto. Las emergencias durante estos cuatro años se atendieron desde el más alto nivel con el Presidente de la República comandando el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) articulando las acciones de todas las instituciones del Sistema Nacional de Atención de Emergencias.  De igual manera la participación directa de los vicepresidentes y de delegados del Mandatario en los territorios.

Acceso a vivienda por pérdida en emergencias. Se firmó una ley 9497  para la eliminación de tope que  permitirá otorgar un segundo bono completo a familias que accedieron al subsidio y que perdieron su vivienda por una situación de emergencia Con esta se reformó el artículo número 50 de la Ley N°7052, Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del BANHVI, para mejorar la atención de familias damnificadas por emergencias y contar con la posibilidad real de otorgar un segundo bono completo a las familias que en su momento accedieron al subsidio y que requieren de un traslado a otro sitio, en atención a la pérdida de su vivienda por una situación de emergencia.