Nuevo paradigma de abordaje a la pobreza

A partir del objetivo estratégico de reducción de la pobreza y las desigualdades del Plan Nacional de Desarrollo Alberto Cañas Escalante, se gesta la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza, Puente al Desarrollo, coordinada por la Vicepresidenta de la República Ana Helena Chacón Echeverría.

Esta estrategia plantea un cambio de paradigma en la lucha contra la pobreza y las desigualdades, trascendiendo el asistencialismo y enfocándose en la generación de capacidades en las familias en situación de pobreza extrema para alcanzar resultados sostenibles, gracias al uso de datos estadísticos y a la creación de herramientas innovadoras:

Mapas sociales
En marzo del 2015 se lanza este software que refleja los datos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEC, georeferenciados en el mapa de Costa Rica, identificando con una precisión de cuadra a las familias en situación de pobreza extrema y sus características. Así fue posible identificar las zonas con mayor concentración de pobreza extrema y dirigir los esfuerzos hacia quienes más los necesitan. El país se dividió en 40 mil unidades geoestadísticas mínimas, que permitieron identificar los 75 distritos prioritarios, en los que se concentra el 50% de la población en situación de pobreza extrema

Índice de Pobreza Multidimensional
Presentado en octubre del 2015, Costa Rica es el país que logró crear esta herramienta más rápido en el mundo. Analiza la pobreza más allá del ingreso económico (línea de pobreza) profundizando en sus causales y en sus múltiples variables, lo cual permite un mejor entendimiento de la naturaleza de la pobreza en cada familia, y  mejorar con ello su calidad de vida de forma integral y sostenible. El IPM costarricense fue construido gracias a un esfuerzo de alianzas público privadas y con la colaboración de la Universidad de Oxford. Considera cinco dimensiones: educación, salud, vivienda, trabajo y seguridad social; en ellas  cuenta con 19 indicadores que se miden a través de la Encuesta Nacional de Hogares. El IPM brinda una medición integral de la pobreza, permitiendo un abordaje interinstitucional y efectivo a través de los diferentes programas sociales

Cogestores sociales
En el 2015 se creó esta figura, que consiste en personas funcionarias profesionales en trabajo social y otras carreras de ciencias sociales, quienes fueron capacitadas para brindar atención integral a las familias en situación de pobreza extrema desde el enfoque de generación de capacidades. Bajo este nuevo enfoque la persona cogestora visita a cada familia en su hogar y diseñan en conjunto un plan familiar para cumplir metas específicas. De esta manera, la persona cogestora se convierte en un puente entre la familia y la institucionalidad, para facilitar su acceso a la oferta de programas sociales y dar seguimiento a sus avances

Tarifas Eléctricas Solidarias
El Gobierno lanzó en el 2017 el Plan de Tarifas Eléctricas Solidarias, como un mecanismo para seguir profundizando las acciones de erradicación de la pobreza y la pobreza extrema, mediante la focalización del beneficio en consumo eléctrico.

Sistema Nacional de Registro Únicos Beneficiarios
El SINIRUBE empezó a funcionar en noviembre del 2017. Este sistema permitió unificar en una sola plataforma a las personas y familias beneficiarias de los programas del sector social, evitando así duplicidades y uso ineficiente de los recursos

 

Gracias a todas estas herramientas y a la coordinación interinstitucional desde el Consejo Presidencial Social, liderado por la Vicepresidenta Ana Helena Chacón, se logró una reducción general de pobreza, de 22,4% en 2014 a 20% en 2017, esto se traduce en 13.579 hogares, según la Encuesta Nacional de Hogares. También se redujo la pobreza extrema de 6,7% a 5,7%, y la pobreza rural de 30,3% a 24,1% (ascendiendo a más de 14.000 hogares). Son los porcentajes más bajos desde el 2010. 

Adicionalmente, se dio una reducción en la brecha entre pobreza urbana y rural, que se redujo en más de un 40% en este período.

Presupuesto Nacional con IPM
En aras de la transparencia y el uso eficiente de los recursos, Costa Rica se convirtió en el primer país del mundo en construir los presupuestos de las instituciones del sector social con base en la evidencia científica que arroja la medición del Índice de Pobreza Multidimensional y los datos de la Encuesta Nacional de Hogares. Así, los recursos son invertidos en los programas y las regiones que se requieren, lo cual mueve efectivamente la aguja de la pobreza

Tablero de Gerencia Social
Esta herramienta permite el uso de los datos de la Encuesta Nacional de Hogares para definir lineamientos presupuestarios a nivel de las instituciones que inciden en cada una de las dimensiones del Índice de Pobreza Multidimensional por región.

Esta reducción de la pobreza, precisamente, se concentró en las regiones más vulnerables del país, la Chorotega (33,2% a 22,4%) y la Brunca (36,2% a 29,5%). 

Costa Rica destacó en América Latina por esfuerzos para reducir desigualdad: En la primera versión del Índice de Compromiso con la Reducción de la Desigualdad (CRI), elaborado en el 2017 por la ONG OXFAM y Development Finance International (DFI), Costa Rica obtuvo un índice de 0,57, solo superado en la región por Argentina (0,65).

Aunado a los esfuerzos y herramientas de Puente al Desarrollo, el país implementó otras acciones para seguir profundizando las acciones de reducción de la pobreza y la pobreza extrema, por ejemplo:

  •  Plan de Tarifas Eléctricas Solidarias: El Gobierno lo lanzó en el 2017 como un mecanismo para focalizar el beneficio en consumo eléctrico.
  • Canasta Básica para Personas con Discapacidad: Se trata de una variable de medición que permite determinar los gastos que deben enfrentar las familias con una persona con discapacidad en su núcleo y reentender a partir de estos gastos la condición socioeconómica que efectivamente enfrentan. Esta herramienta permite reducir el impacto del la pobreza sobre la población con discapacidad.
  • FOMUJERES: El Fondo de Fomento para Actividades Productivas y de Organización de las Mujeres del INAMU es otorgado a mujeres que presentan iniciativas productivas. Su fin es resolver, en gran medida, las barreras existentes en el acceso al crédito por parte de las mujeres como mecanismo de acción afirmativa para esta población, la cual se ha encontrado históricamente en condiciones de desventaja.